Liliana Ortega, directora de Cofavic, apuesta porque el Consejo de DDHH de Naciones Unidas se decida por el nombramiento de una comisión de investigación. Héctor Faúndez Ledesma estima que sería preferible una relatoría, pero no tiene mayores expectativas sobre la actuación del Consejo de DDHH.


El pasado nueve septiembre, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su actualización oral al informe que presentó en julio sobre la situación en Venezuela, ratificó que la violación por parte del gobierno se mantiene y continúa afectando a millones de personas, e insistió en las recomendaciones de su oficina para superar la crisis.

Bachelet indicó en esa oportunidad que su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, y también de tortura y malos tratos a personas arbitrariamente privadas de libertad, así como su preocupación por la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena pemón, la muerte de indígenas de la etnia warao, y por el impacto de la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales del Arco Minero del Orinoco.

El documento original y la actualización mencionada han sido estudiadas por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas desde esa fecha en su actual período de sesiones (42), el cual culminará el 27 del presente mes y entonces se deberá tomar una decisión al respecto, que puede ir desde la conformación de una comisión de investigación o la designación de una relatoría especial para continuar con el monitoreo de los DDHH en Venezuela.

Para conocer la probabilidades de tales escenarios que pueden surgir de las deliberaciones del Consejo de Seguridad, conformado por 47 miembros y cuyas decisiones se toman por mayoría simple, TalCual conversó con los expertos en DDHH Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), y Héctor Faúndez Ledesma, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional, además de profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes tienen visiones divergentes sobre lo que puede ocurrir al término de las sesiones del Consejo.

Ratificación
“El Consejo de DDHH tiene todo este tiempo para ver cuál es la voluntad del Estado para cumplir los cronogramas que presente la oficina del alto comisionado en relación a visitas carcelarias, pero el 27 puede retomar el tema si hay alguna solicitud expresa de países de activación de una comisión de investigación y ratificar el mandato que dio en septiembre del año pasado a la alta comisionada”, indicó Liliana Ortega.

La directora de Cofavic resaltó que, en el caso de Venezuela, Bachelet tiene un mandato específico porque el país tiene una crisis de DDHH.

Detalló que las propuestas que se presenten serán sometidas a votación en el Consejo y que la decisión se tomará por mayoría. En este caso recalcó que no existe el derecho de veto del que gozan tanto Rusia como China, aliados del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Comisión de Naciones Unidas
Ortega confía en que se ratificará el mandato a la alta comisionada para que continúe monitoreando la crisis de DDHH de Venezuela. “Cofavic, con 11 ONG nacionales e internacionales, está solicitando que se nombre una comisión de investigación, que es complementaria al accionar de la oficina del Alto Comisionado, lo hacemos porque las víctimas en Venezuela tienen un desamparo institucionalizado”, precisó.

Resaltó que los DDHH se deben evaluar desde los testimonios de las propias víctimas. “Todas las herramientas que puedan servir para buscar justicia, establecer la verdad y vías de reparación son muy importantes, no sustituye el Poder Judicial del Estado, no emite sentencias, simplemente lo que hace es recopilar información, documentar casos emblemáticos para establecer pruebas y posibilidades de justicia”, expresó.
 

 

 

FUENTE: Tal Cual